En el frente interno, el país observa dos escenarios paralelos. Por un lado, hemos visto el fin oficial del paro nacional convocado por la CONAIE. Esta decisión, anclada en la responsabilidad, abre la puerta para que las demandas sociales se procesen a través de los canales institucionales. Sin embargo, grupos disidentes minoritarios en Imbabura, como la Unorcac, persisten en acciones de fuerza, manteniendo bloqueos que afectan la vida de los ciudadanos.

Ante esto, la respuesta del Ejecutivo ha sido clara y doble: firmeza y reactivación. El “Operativo Imbabura” busca garantizar el derecho a la libre circulación y restablecer la normalidad. En paralelo, se anuncian planes de inversión de 50 millones de dólares para la reactivación económica de las zonas afectadas. El mensaje es contundente: el orden es condición indispensable para el progreso.

A esta tensión social se suma una estrategia política evidente. La oposición fragmentada, desde diversas orillas, impulsa una campaña por el “NO” en la próxima consulta sobre la Asamblea Constituyente. Su objetivo parece ser menos un debate de ideas y más un intento de erosionar la legitimidad del Gobierno, presentándolo como débil y apostando por la desestabilización en lugar de la reforma.